Desde
hace tiempo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) viene insistiendo en
las virtudes de introducir mayor competencia en nuestra economía. Seguimos
haciendo ver a las empresas y a las Administraciones Públicas las ventajas en
función de eficiencia, crecimiento del PIB y aumento del bienestar de los
consumidores.
En esta
ocasión me gustaría hacer hincapié en un punto que pasa muchas veces
desapercibido y que considero, sin embargo, de la máxima importancia en este
momento: el de las relaciones entre empleo y competencia. Porque ¿es bueno o es
malo para el empleo que haya más o menos competencia en un determinado sector o
en el conjunto de nuestra economía? La introducción de más competencia ¿crea o
destruye empleo? ¿Tiene consecuencias la competencia para el tipo de empleo de
un determinado sector o país (más precarizado y con salarios más bajos o, por
el contrario, con salarios más altos y de más calidad)?
Desde un
modo muy intuitivo es fácil comprender cómo la eliminación de las restricciones
innecesarias a la competencia permite la entrada de nuevas empresas y, por lo
tanto, genera nuevos empleos. Pensemos por ejemplo en la desatinada normativa
que regula el comercio minorista en nuestro país: estamos ante un sector
dinámico e innovador, dispuesto a ofrecer nuevos servicios y nuevos formatos a
un consumidor que estaría dispuesto a pagar por ellos; existe demanda y existe
oferta, pues. Y, sin embargo, la normativa estatal, autonómica e incluso
municipal se empeña en restringir el mercado impidiendo las aperturas en
festivos, limitando los horarios de apertura e inmiscuyéndose directa o
indirectamente en las decisiones empresariales sobre el tamaño de los
establecimientos. ¿El resultado? Muchos menos empleos de los que se podrían
crear en ausencia de restricciones y empleos de peor calidad de la que sería de
otro modo posible.
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